Movimiento de pensamiento y creación sobre Colombia y Latinoamerica que genera espacios de inclusion a través de la expresión -arte, cultura- y procesos de simbolización; en una búsqueda por lo político como significaciones del poder de la palabra, la crítica, el reconocimiento a la diferencia y la práctica de consensos, más que de la política como ejercicio homogeneizador, polarizante y alienante.

"Moviendo matices para la despolarización de la(s) cultura(s)"

Wednesday, December 8, 2010

Reclutamiento de niños: ¿por qué se los llevan?

SEMANA.
CONFLICTOLa identificación de dos menores muertos en bombardeos a las Farc recientemente demuestra una vez más cómo el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales persiste en medio del conflicto.
Lunes 29 Noviembre 2010

Saber con exactitud cuántos menores son reclutados por la guerrilla y hacen parte de sus filas resulta tan complejo como enumerar las mismas causas de la guerra. Sin embargo, las cifras que dan cuenta de los niños desvinculados de grupos al margen de la ley, las imágenes que hace poco se conocieron del ‘Mono Jojoy’ dándoles la bienvenida a jóvenes guerrilleros y la reciente identificación de dos menores muertos en bombardeos a las Farc, demuestran, una vez más, cómo en el conflicto colombiano se sigue involucrando a los niños.

Tal parece que de nada sirvió que en 1998 el ElN firmara con representantes de la sociedad civil y miembros del Consejo Nacional de Paz en Maguncia, Alemania, un acuerdo en el que se comprometía a no reclutar niños menores de 16 años. Tampoco que un año después, en 1999, las Farc manifestaran su compromiso de no reclutar a menores de 15 años ante el Representante especial para la cuestión de los niños y conflictos armados de la Organización de las Naciones Unidas. Los niños siguen siendo reclutados, el Gobierno sigue exigiendo que se respete a los menores y las cifras de jóvenes desvinculados evidencia cómo estos siguen siendo víctimas de la guerra.

De 2002 a febrero de este año, 7.159 menores dejaron las armas luego de pertenecer a un grupo guerrillero, según datos revelados por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional.

La cifra se obtuvo luego de sumar los datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Programa de Atención al Desmovilizado del Ministerio de Defensa (PAHD) y de la Oficina para el Alto Comisionado para la Paz, de la Presidencia de la República. Pero más allá de los números, está el drama que viven algunas de las comunidades azotadas por el reclutamiento forzado.

El documentoConpes de prevención de reclutamiento, firmado en julio de este año, además de buscar que con la articulación de planes de acción de entidades nacionales, de investigación judicial y de control, se incida sobre las causas y factores de riesgo identificados que facilitan el reclutamiento, pone sobre la mesa los aspectos más dramáticos de esta guerra, que no respeta edad.

“Los niños que se resisten a ser reclutados son asesinados o forzados a desplazarse”, señala, dentro del informe, el Comité de los Derechos del Niño. “Entre las actividades que realizan con el grupo armado están el mantenimiento y supervivencia de la tropa a través de labores como raspar coca, acciones bélicas o participación directa en hostilidades, en prácticas de combate, en emboscadas, tomas armadas y manufactura de explosivos”, se lee en el Informe Defensorial de 2006, consignado en el mismo documento.

Y si se trata de los factores que hacen a esta población vulnerable de ser reclutada, la cuestión es tan dramática como real. El simple hecho de vivir en una zona de violencia, estar en un entorno familiar disfuncional, la pobreza, el desplazamiento y la disputa de riquezas, hacen de los niños ‘presas’ fáciles para la guerra.

No es un problema de niños

El Conpes es claro al enumerar cuáles son las temáticas sobre las cuales se mueve el reclutamiento de menores.

- En los espacios vitales de niños hay presencia de grupos armados: generan un impacto en la garantía y goce efectivo de los derechos de los niños, como lo señala la Corte Constitucional en el Auto 251. En el 2009, la Policía Nacional identificó la presencia de las Farc en 379 municipios de 26 departamentos, con un aproximado de 8.989 personas en su pie de fuerza. El ELN, por su parte, tiene presencia en 255 municipios de 15 departamentos con cerca de 1.697 personas. Las Bandas Criminales (Bacrim), hacen presencia en 175 municipios de 21 departamentos con casi 3.450 hombres y mujeres vinculados a sus estructuras armadas.

- Maltrato intrafamiliar: aunque no es en sí mismo un factor puntual que conlleve al reclutamiento, si está relacionado con otras circunstancias de vulnerabilidad se presenta como un factor determinante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en el año 2006 cerca de un 30 por ciento de menores desvinculados dijeron haber sido maltratados por sus familias antes de ingresar a las filas de la guerrilla.

Entre el 2008 y 2009 el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 22.406 valoraciones por maltrato infantil en todo el país. Un panorama nada alentador.

- Políticas públicas: no sólo es competencia del ICBF y el Gobierno Nacional garantizar el efectivo goce de los derechos de los niños. Las autoridades territoriales, la familia, el sector privado y la sociedad en general, deben hacerlo también.

Presencia guerrillera, el detonante

Para Mauricio Romero, coordinador del Observatorio del conflicto armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, en términos de reclutamiento de menores la presencia de guerrilla y el narcotráfico son determinantes. Y enumera cuatro zonas en donde en los últimos diez años se presenta con mayor impacto esta situación.

- Nariño y Cauca: hay aproximadamente 25 mil hectáreas de coca.

- Caquetá: las hectáreas con cultivos ilícitos llegan casi a las 10 mil.

- Del Golfo de Urabá hasta Norte de Santander, pasando por el bajo Cauca, el sur del Córdoba, sur de Bolívar, llegando a la frontera con Venezuela: aproximadamente 16 mil hectáreas de coca.

- Guaviare, Meta, Vichada: también con cerca de 16 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

Romero no sólo habla del reclutamiento. Dice también que en esas zonas y como consecuencia de los mismos factores, es visible otro problema que afecta a los menores. Se trata de la prostitución de niñas. “Son zonas donde están los ejércitos legales e ilegales. Muchos hombres”, dice.

De otra parte, y según lo reveló hace dos meses el informe ‘Prisioneros combatientes’ de la analista Natalia Springer sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, las condiciones precarias de vida también son determinantes. Por lo menos el 70 por ciento de menores reclutados no tenían oportunidades para salir adelante, señaló en su momento Springer.

"Básicamente más de la mitad de la muestra reportó no tener ninguna oportunidad de acceso a la tierra, estudio o dinero. La única perspectiva de desarrollo estaba en el trabajo. Un tercio de los entrevistados 34,7 por ciento, manifestó no haber dispuesto de absolutamente ninguna perspectiva para el avance económico o social", señalaba el informe.

Para el analista León Valencia de la Corporación Nuevo Arco Iris, con el reclutamiento de menores “la guerrilla busca reponer combatientes y éstos no son muy reacios. Muchos se vinculan fácilmente a la guerra. Donde no hay presencia del Estado, los menores ven a las guerrillas como modelos y se convierten en una fuente para obtener un trabajo", según lo registró recientemente al diario El Colombiano.

Y aunque no hay cifras exactas de los menores que hoy están en las filas de las Farc o del ELN, lo cierto es que recientes estudios de Unicef y Human Right Watch señalan que la mayoría de jóvenes reclutados tienen menos de 15 años. Son niños.
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Wednesday, July 14, 2010

Jeremy Rifkin: The Empathic Civilization (Animated-Video)

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Sunday, June 13, 2010

Colegio al sur de Jerusalén es ejemplo de una verdadera escuela de paz


Colegio al sur de Jerusalén es ejemplo de una verdadera escuela de paz
Para los niños no hay mayor conflicto con sus dos culturas y por eso pueden compartir sus juegos en los recreos. En las aulas siempre tienen dos profesoras.

Para los niños no hay mayor conflicto con sus dos culturas y por eso pueden compartir sus juegos en los recreos. En las aulas siempre tienen dos profesoras.

Se trata de un proyecto pedagógico en el cual niños palestinos y judios estudian, aprenden ambos idiomas, respetan sus costumbres y religiones, lejos de la crisis de las dos naciones.

A pesar de la conmoción que causó hace unos días la noticia de la toma de la 'flota de la libertad' que viajaba rumbo a Gaza con ayuda humanitaria para los palestinos y del rechazo mundial a esta acción, incluido el anuncio de la liga árabe, que aseguró romper el bloqueo a la franja 'por todos los medios', en una pequeña escuela al sur de Jerusalén, cerca de 500 muchachos árabes y judíos coexisten sin problemas en un ambiente educativo. Allí, en el colegio bilingüe Mano a Mano Max Ryen árabes y judíos viven en paz.

Se trata de un proyecto que alberga a niños de ambas culturas desde los 5 hasta los 17 años, dos directores Dalia Perez, judía y Ala Khatib, árabe. Juntos han trabajado para levantar un modelo de igualdad, desde las oficinas administrativas hasta los salones de clase donde cada salón tiene dos profesoras, una árabe y una judía. Además, se cuidan de mantener el porcentaje de 50-50 entre los niños.

Todo comenzó por Lee Gordon, un judío americano que hacia finales de los 90 tenía la idea de construir colegios para niños judíos y árabes. Sólo en 1998 encontró compañeros para desarrollar su proyecto y entonces empezó la primera institución en Galilea, al norte de Israel. Luego siguió en Jerusalén, hasta hoy la más grande; después en Kfar Qara, una población arábe-israelí, al sudeste de Haifa, que cuenta con 150 estudiantes y hace tres años se abrió el nuevo colegio en Ber Sheva, al sur del país.
Además de esta cadena, en realidad el primer colegio nació en el asentamiento árabe-israelí, de 25 años, Nevé Shalom, cerca de la capital.

"Es el resultado del interés de los padres. Sin eso no había la posibilidad de empezar. Ellos son muy responsables y creen en este camino. Judíos y árabes", explicó Perez. Así lo confirma Guiora Thalelderg, un padre judío cuyos hijos estudian en este colegio: "Yo creo que debemos ver todas las culturas de nuestro país, conocer al otro, vivir con él y encontrar nuestras similitudes.
En realidad hay muchas cosas conjuntas que ni sabemos. En educación este es el mejor camino".

Por su parte Imad Furri, palestino, cree que saber el idioma y la cultura de otros pueblos es vital para el entendimiento: "Tú puedes ser mi amigo si sabes mi idioma".

Todo un reto

Inicialmente, el proyecto no estaba reconocido por el Ministerio de Educación y les designaron, dentro de otro colegio, un curso separado. "Al comienzo fue más difícil: era una idea nueva, especialmente para los padres judíos", contó Perez sin tapujos.
Pero con el tiempo la idea empezó a rondar, los padres se enteraron por otras familias y el número de estudiantes creció.
Después de dos años de intenso trabajo, en el 2000 pasaron a ser un colegio oficial del Ministerio y, junto a la autoridad educativa y a la Fundación Jerusalén se construyó el moderno plantel en donde se instalaron en el 2008.

No ha sido fácil. El reto ha sido siempre lograr que niños de pueblos con historia en conflicto crezcan y estudien juntos.
"Nosotros creemos que realmente este es el camino para hacer un cambio", asegura la directora. "Traer niños pequeños es el camino, porque sabemos que los estereotipos nacen desde edades muy tempranas. Muchos de los miedos y el odio existen porque no hay oportunidad de encontrarse en una base de igualdad". Este es un colegio para ciudadanos israelíes, es decir, judíos y árabes israelíes. Sólo un 20 por ciento llegan desde el este de Jerusalén, que no tienen ciudadanía israelí.

Iom Kipur y Ramadán

El Max Ryen necesita también un programa de estudios especial y, como es simplemente imposible unir los diferentes esquemas que existen para colegios judíos y árabes, utiliza parte de los dos sectores. Todo está en manos de un grupo que hace años se dedica a eso y trabaja especialmente por construir y enseñar a construir identidad personal, colectiva, ciudadana y cultural obviamente bajo la igualdad conjunta.

El calendario escolar está cargado de festividades, no sólo de las judías y las musulmanas sino también de las católicas y del resto de las religiones del mundo. "Lo interesante es que aquí los niños aprenden de la persona que pertenece a esa cultura, del lugar original y amigos del mismo curso. Este día a día es lo que hace la experiencia mas especial", explica Ala Kathib, el rector.

Imad Furri se compara con su hijo: "Yo, por ejemplo, no aprendí hebreo hasta la edad de 17 años, cuando empecé a estudiar solo. Ahora, lo que yo entendí a los 36 años, él lo entiende a los nueve".

Así como el día del ayuno judío Yom Kipur no hay clases, tampoco los últimos tres días del Ramadán. Eso no significa que tengan más vacaciones de lo habitual. Lo importante es que los niños saben a qué se debe cada festividad. Para Ulfat Salman, profesora de árabe y cultura islámica desde hace 9 años, enseñar allí es divertido pero difícil: "Son dos culturas, dos lenguas y es difícil acoplarlas, pero es lindo porque aprendes".

¿Y el conflicto? "Sí, tienen sentimientos y los manifiestan, pero saben arreglar las cosas mejor que los viejos, ponerse de acuerdo y volver a estar juntos", enfatiza Khatib con una sonrisa. "Para sus padres es más difícil", puntualiza.

Aún así, tanto Guiora como Imad esperan que en el futuro se abran más colegios como este en Jerusalén y en Israel, porque ya ven los resultados: "En el día a día de los pequeños, saber otra lengua, no tiene estigmas, por ejemplo mi hija está aprendiendo a tocar el oud, un instrumento árabe". Para Shajar Viso, profesora de inglés desde hace 5 años e inmigrante de Argentina hace 20, es un honor hacer parte de este colegio. Asegura que allí no hace falta nada especial para ser un lugar especial: ¡todo es especial! "Por ejemplo pasamos juntos los días de la caída de los soldados judíos y el de los soldados árabes. Realmente estamos haciendo algo especial aquí, estamos teniendo fuerza para estar aquí, juntos".

En los pasillos se exhiben trabajos en los dos idiomas y en los patios se ve a los niños bailar, pelear por una bola, por temas de niños y niñas. Shajar mira por la ventana del salón de profesores y dice: "lo más lindo es ver que los niños realmente juegan y se quieren, y se quieren no por ser judíos o árabes, sino porque son personas".

POR CINDY ROTTERMAN
Jerusalén

Fuente:
http://www.eltiempo.com/domingoadomingo_eltiempo/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7751520.html
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Tuesday, May 18, 2010

El peligro de una sola historia [Video]


Chimamanda Adichie: El peligro de una sola historia

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Saturday, April 24, 2010

Jaime Garzon habla de Antanas Mockus...[Video]

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Monday, April 19, 2010

De raspachines a guerrilleros: así reclutan menores en el Catatumbo

La amenaza de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las Farc y el Eln es tan grave, que ha obligado a que los niños y jóvenes abandonen su trabajo como raspachines en los extensos sembradíos de uso ilícito.

Por Agencia de prensa IPC
Farc y Eln reclutan a menores raspachines en el Catatumbo, Norte  de Santander.
Foto: Jesús Abad Colorado
Farc y Eln reclutan a menores raspachines en el Catatumbo, Norte de Santander.


“Hace no menos de 20 días conocí el caso de una jovencita de tan sólo 14 años de edad que se la llevó la guerrilla de las Farc. Eso fue en el sector de Caño Trece, del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, en Norte de Santander. Días antes, otras dos jóvenes del mismo sector se fueron para la insurgencia. La gente afirma haberlas visto un par de veces tratando de convencer a muchachos de su edad para que se fueran con ellas”.

La revelación la hizo Laura*, habitante de Tibú, municipio ubicado en la región del Catatumbo, una vasta zona geográfica compuesta por montañas, bosques y selvas tropicales ubicada en Norte de Santander, en límites con la República Bolivariana de Venezuela. Su testimonio fue reforzado por Carlos*, un líder comunitario del municipio, quien afirmó que desde hace meses se vienen registrando casos de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos guerrilleros en otras zonas del departamento. “Sí, eso está ocurriendo. He conocido casos en veredas como Luis Vero y Filo Gringo”, revela la fuente.

La crudeza del fenómeno fue puesto en evidencia el pasado 14 de abril, cuando el Ejército nacional reportó la muerte en combate de siete guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en hechos ocurridos en la vereda El Suspiro, corregimiento de La Gabarra. Tras verificar las identidades de los abatidos, se comprobó que cuatro de ellos eran los jóvenes Emilio*, de 17 años de edad; Camila*, también de 17 años; Julián*, de 14 años y Pedro*, de tan sólo 12 años de vida.

Aunque las autoridades civiles de la región no ocultan su preocupación frente al tema, también expresan no contar con las herramientas suficientes para enfrentar este problema. Según José del Carmen García, alcalde del municipio de Tibú, son pocas las denuncias que la Administración Municipal conoce, en parte por el miedo de las comunidades y en parte por las desconfianza hacia la Fuerza Pública. “Además, el Catatumbo es muy grande. Esto es zona de frontera y la guerrilla puede pasar al otro lado sin que haya forma de controlar esta situación por parte del Estado colombiano”, agrega el burgomaestre.

La amenaza de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las guerrillas de las Farc y el Eln es tan grave, que ha obligado a que los niños y jóvenes abandonen su trabajo como raspachines en los extensos sembradíos de uso ilícito. Curiosamente, este hecho ha sido uno de los principales motivos para que los menores de edad continúen con sus actividades escolares. Por más paradójico que suene, el hecho refleja la compleja realidad que a diario debe enfrentar la población juvenil de los 11 municipios que conforman la región del Catatumbo.

Y es que en el Catatumbo, una región natural poseedora de las tierras más fértiles de todo el Oriente de Colombia, con inmensas reservas de carbón y petroleo, y donde las fuentes hídricas allí existentes garantizarían suministro de agua potable a varios departamentos vecinos, el principal -sino el único- sustento de la población campesina deriva del cultivo de hoja de coca.

Para el 2004, diversas organizaciones sociales calculaban en unas 44 mil las hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito en todo el Catatumbo, cifra que en su momento fue desestimada por el Gobierno colombiano aduciendo que los sembradíos no superaban las 14 mil hectáreas. Pero hoy, líderes de la región coinciden en afirmar que las hectáreas cultivadas pueden estar en el orden de las 20 mil, no obstante las intensas operaciones de erradicación de la hoja de coca que vienen adelantando las autoridades nacionales desde hace más de cinco años.

Por ejemplo, en el corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, la presencia de cultivos de uso ilícito es de tal magnitud que por lo menos el 90% de la economía de la localidad gira en torno a la coca y en su dinamización participan los jóvenes, quienes en tiempo de la “raspa” (época de cosecha de la hoja) abandonan sus actividades académicas con el fin de laborar en los sembradíos de la hoja y contribuir con algunos pesos a la maltrecha economía familiar o bien por el simple placer de “tener su propio dinero”.
Pero en los últimos dos meses, muchos de ellos han decidido no regresar a los cultivos por temor a ser reclutados forzosamente por la guerrilla. Las autoridades civiles, eclesiales y las mismas comunidades del Catatumbo saben que los temores no son infundados y los últimos hechos parecen corroborarlo.

La coca: el combustible de la guerra

La imagen de jóvenes inmersos en las filas de los grupos armados ilegales no es nueva en los los municipios del Catatumbo. Reclutar combatientes oriundos de la región, incluidos menores de edad, se convirtió en la estrategia fundamental tanto de guerrillas como de paramilitares en su lucha por consolidar un dominio territorial hegemónico en la región y que tuvo como uno de sus objetos bélicos controlar los cultivos de hoja de coca.

Emplear campesinos en los cultivos de uso ilícito se convirtió en el mecanismo de sometimiento más eficaz empleado por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en la zona desde 1999 hasta 2004. Desde su llegada, anunciada públicamente a través de los medios de comunicación por Carlos Castaño Gil, desaparecido jefe de las Auc, los paramilitares desarrollaron una cruenta estrategia de dominación mediante asesinatos, desapariciones y masacres, como las tristemente recordadas de Tibú y La Gabarra, perpetradas en junio y agosto de 1999 y donde fueron asesinados más de 40 campesinos.

Lo anterior le permitió al Bloque Catatumbo alcanzar un dominio absoluto de las cabeceras municipales de Tibú, El Tarra, San Calixto, Teorama, entre otros. Desde allí desplegaron anillos de seguridad tendientes a proteger los cultivos de hoja de coca y las rutas de salida de la droga hacia el exterior. Investigadores sociales y campesinos de las áreas rurales de Tibú y El Tarra consultados coinciden en afirmar que si bien la coca llegó a la región con las Farc, fue de la mano de los paramilitares que los cultivos aumentaron de forma exponencial.

“La guerra aquí no fue por sacar a la guerrilla, fue por controlar los cultivos”, afirma José Vaca, investigador social de Tibú, quien vivió de cerca el conflicto armado. Los paramilitares controlaron toda la cadena productiva de la coca: impusieron el precio de la arroba de hoja, determinaba dónde se sembraba, señalaba quiénes podían trabajar en los cultivos y, además, conformó un poderoso ejército para cuidar sus intereses económicos. “En ese tiempo me tocó ver a muchos muchachos de esta región convertirse en paramilitares, en parte porque no había más opciones de vida”, añade Vaca.

Para contener la arremetida paramilitar, las guerrillas de las Farc, el Eln y un pequeño reducto disidente del Epl que para finales de los noventa operaban en la zona, se replegaron en las zonas más selváticas del Catatumbo, donde también impulsaron cultivos de hoja de coca con el fin de fortalecerse económica y militarmente. “Cuando llegaron los “paracos”, la guerrilla comenzó a llevarse a los raspachines, aunque algunos se fueron por su propia cuenta. Recuerdo que se fueron muchos jóvenes a quienes los “paracos” les habían asesinado la familia”, recuerda un campesino de la Unión Catatumbo, vereda del municipio de El Tarra.

Contrario a las expectativas, la desmovilización del Bloque Catatumbo, en el corregimiento Campo Dos de Tibú, en diciembre de 2004, no significó una reducción importante en los cultivos de hoja de coca, como tampoco lo fue su accionar militar tendiente a debilitar la estructura de la guerrillas, quienes coparon territorios dejados por las Auc y ahora controlan toda la producción de hoja de coca.

“Aquí sólo hay dos compradores: los “elenos” o los “farianos”. ¿Quién es mejor comprador? Ahora esta muy duro, porque ambos se están demorando en pagar y como aquí no se trabaja en otra cosa, a veces se aguanta hambre. Fuera de eso, siempre le están echando a uno su discurso, ¿me entiende?”, comenta un joven raspachín de la zona de la Unión Catatumbo.

Abandono estatal

Jonh Jairo Márquez, alcalde del municipio de El Tarra, tiene un diagnóstico poco halagador de los jóvenes del Catatumbo: “Los jóvenes tienen tres opciones: trabajar en el campo, trabajar como raspachines o integrar los grupos armados, que eso es muy terrible”. Por ello, sabe que que en el tema de juventud de su municipio tiene que actuar rápido antes de que se genere un serio problema humanitario.

Para ello, el Alcalde municipal deberá enfrentar una serie de problemas estructurales como el déficit de la planta de docentes en las zonas rurales y la falta de propuestas concretas por parte del Gobierno nacional para la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícitos. “En este momento, unos 150 niños de las veredas más apartadas de El Tarra están sin estudiar, simplemente porque los docentes no quieren trabajar en estas zonas, alegando que son muy peligrosas, que aquí todos son guerrilleros y eso no es cierto”, alega el mandatario.

Frente a este panorama, la sociedad civil del Catatumbo se pregunta cómo ofrecerle un futuro mejor a sus hijos. “Desarrollo alternativo sostenible”, plantea Victor Hugo Cabrera, párroco de Tibú y conocedor como ningún otro de las realidades de la región. Su visión de futuro sobre la región encierra un conjunto de procesos de transformación que involucra desde los jóvenes hasta las mujeres y poblaciones vulnerables. Desde su investidura como autoridad eclesial, el sacerdote ha iniciado una serie de diálogos con las administraciones municipales para que sus propuestas no queden en eso, en propuestas.

Por fortuna, sus ideas han sido bien recibidas por alcaldes, concejales, líderes campesinos y la propia comunidad, quienes sienten que es el momento de avanzar en la búsqueda del desarrollo de la región. Prueba de ello es la iniciativa de sustitución de cultivos de uso ilícito que se está gestando en las veredas de El Tarra y Tibú, que a decir del sacerdote, va por buen camino.

“La idea es construir propuestas de sustitución que sean aplicables y rentables para la región. Luego se presentarán al Gobierno nacional para apoye estas iniciativas y paso a seguir, iniciar procesos de capacitación con los campesinos, para se conviertan en agroempresarios y no tengan que depender más de la coca”, explica Cabrera.

“Eso también implica un cambio en la educación que se imparte aquí. Los jóvenes del Catatumbo no encuentran atractivo el sistema educativo, pero si allí se les enseñan cosas que sean aplicables al campo, si se les enfatiza que no es para nada indignante ser un campesino, de seguro tendremos otro panorama”, propone el sacerdote.

Por lo pronto, la única certeza que tienen las comunidades del Catatumbo es exigirle al Gobierno nacional una presencia que vaya más allá del envío de Fuerza Pública y en pedirle a la insurgencia que respete los derechos de los niños y los jóvenes, tal y como lo han exigido hecho durante los últimos 40 años, sin que hasta el día de hoy ni el uno ni el otro hayan prestada atención a las voces de los campesinos.

*Las identidades fueron suplantadas por petición de las fuentes
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Sunday, April 4, 2010

Los paramilitares reclutaron más de 2.800 menores para la guerra



Los paramilitares reclutaron más de 2.800 menores para la guerra


Nunca más - Reclutamiento de menores
Viernes, 26 de Marzo de 2010 12:28
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado hasta la fecha 2.824 casos de reclutamientos ilegales por parte de los diferentes grupos de las Auc


El Bloque Norte fue el grupo paramilitar que más menores reclutó.
El último informe de la Fiscalía señala que los reclutamientos se realizaron entre el 1990 y 2005, tiempo en el que los menores de edad fueron obligados a delinquir y sufrieron malos tratos por parte de los paramilitares.

Luego de la desmovilización de los últimos grupos de las Auc, alrededor de 1.735 paramilitares dejaron las armas, tras ser reclutados como menores de edad.

Asimismo, durante el proceso de desmovilización, 234 niños fueron enviados a sus casas sin que quedara constancia de ello en ningún registro oficial, lo que dificulta la localización de los responsables de su reclutamiento.

El informe señala que los paramilitares reclutaron en mayor número a menores de 12 años, procedentes en su mayoría de Antioquía. Hasta la fecha, 43 de los más de tres mil postulados a la Ley de Justicia y Paz, han reconocido su participación en estos delitos.

El grupo paramilitar que más menores reclutó, según el informe, fue el Bloque Norte con 443 niños, seguido por el Élmer Cárdenas con 428, el Bloque Centauros con 137 y el Bloque Catatumbo con 107.

Este es listado completo:
BLOQUE CANTIDAD
BLOQUE ELMER CÁRDENAS 428
BLOQUE HÉROES DE LOS MONTES DE MARÍA 42
BLOQUE LA MOJANA 1
BLOQUE CÓRDOBA 20
BLOQUE HÉROES DE TOLOVÁ 31
BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA 145
BLOQUE NORTE 433
BLOQUE CACIQUE NUTIBARA 57
BLOQUE HÉROES DE GRANADA 61
BLOQUE MINEROS 70
BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO 16
BLOQUE BANANERO 7
BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO 6
BLOQUE CALIMA 28
BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA 58
BLOQUE CHOCÓ Y PACÍFICO 11
BLOQUE TOLIMA 39
BLOQUE CATATUMBO 107
BLOQUE CENTAUROS Y HEROES DEL LLANO Y GUAVIARE 137
BLOQUE SUR DE PUTUMAYO 22
BLOQUE NORDESTE ANTIOQUEÑO 91
BLOQUE SUR DE BOLÍVAR 239
BLOQUE HÉROES Y MÁRTIRES DE GUÁTICA 6
FRENTE CACIQUE PIPINTÁ 0
BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR 63
BLOQUE SUR DE LOS ANDAQUÍES 32
CASA CASTAÑO 3
FRENTE VICHADA 11
BLOQUE MAGDALENA MEDIO 151
BLOQUE PUERTO BOYACÁ 162
BLOQUE CUNDINAMARCA 14
BLOQUE METRO 1
BLOQUE SUR DEL MAGDALENA E ISLA DE SAN FERNANDO 0
AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE ORTEGA 0
BLOQUE META Y VICHADA 76
BLOQUE JULIO PEINADO BECERRA 0
GRUPOS DE AUTODEFENSA SIN IDENTIFICAR 256
TOTAL 2824

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Wednesday, March 31, 2010

"Libre Pablo Emilio Moncayo"


"Soporté muchas cosas todos estos años por amor a Colombia", dijo.
Martes 30 Marzo 2010

[Click en la foto para ver la presentacion multimedia realizada por la revista Semana sobre la travesia de su padre por todo el pais pidiendo la liberacíon de su hijo Pablo Emilio Moncayo]
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Saturday, March 13, 2010

El voto con botas y otros 'cuentos' electorales

Existe un país donde los políticos corruptos perfeccionan sus trucos cada vez que se avecinan las elecciones: De promesas incumplidas, pasaron a la entrega de mercados, botas, subsidios, dinero y cuánta prebenda consideren les pueda garantizar un lugar en la corporación a la que aspiran.

Sus blancos, los electores, poco se cuestionan sobre la legalidad de sus prácticas y ya les parece normal que los alcaldes acompañen a su hermano candidato en campaña, o que en una entidad pública, se obligue a los trabajadores a votar por determinados aspirantes.

Ese país es Colombia, y en su territorio, estas prácticas están tan institucionalizadas que en las emisoras de radio no es raro escuchar comerciales que al son de un vallenato le dicen al elector: “¡Si te compran tu voto, véndelo, pero vota por otro!”

De acuerdo con una encuesta realizada por Invamer Gallup a fines del año pasado, el 7% de los colombianos aceptó haber vendido alguna vez su voto a cambio de dinero en efectivo, mercado o trabajo, lo que significa que los sobornos podrían alcanzar hasta el 12% del censo electoral. Según la encuesta, si bien al 22% de los entrevistados no se le ha comprado directamente el voto, se le ha prometido a cambio de su apoyo, trabajo, vivienda o becas.

Estos resultados son un reflejo de los cambios en las modalidades de compra de votos: Se ha pasado del pago en efectivo (que dependiendo de la región puede costar desde $20 mil hasta $200 mil), a la entrega de mercados, materiales de construcción e incluso sobornos con ayudas estatales como los subsidios de Familias en Acción y la promesa de inclusión en el sistema de identificación del Sisben.

“Lo que importa es que haya un beneficio para el elector, hecho que en cualquier circunstancia constituye un delito”, dice Nicolás Montoya, encargado del área jurídica de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Mientras estas prácticas se repiten a lo largo y ancho del país, el Consejo Nacional Electoral se ha quejado de la falta de recursos para crear suficientes tribunales de garantía que disminuyan estos riesgos, que por supuesto se acentúan durante la jornada de votación.

Ese día, por ejemplo, en las zonas geográficamente más dispersas, los candidatos disponen buses, refrigerios y bebidas, lo que sin duda busca comprometer al elector con su aspiración. Pero hay otros delitos que suceden en época electoral.

Alí Babá y sus 40 líderes

Además de las promesas individuales, ha hecho carrera la compra de líderes barriales o comunales, capaces de aportar hasta 500 votos por candidato, que disfrazan su capacidad de adherir electores a ciertas campañas como parte de su proselitismo legal. “Esa compra es muy fácil de enmascarar porque el “salario” de un líder no se refleja en la contabilidad. Si 20 líderes le están trabajando a un candidato que paga hasta 200 millones de pesos por ellos, seguro ya ha superado los topes y eso es muy difícil de detectar”, agrega Montoya.

Las autoridades han encontrado que ya no solo hay compra de líderes que garanticen votos, sino que el negocio va más allá. Ese líder se “vende” porque el candidato además le garantiza apoyo político en una futura campaña a concejo, asamblea o cargo de elección popular en el que seguramente necesitará de maquinarias. También puede suceder lo contrario: Que el líder se “regale” ante la amenaza de que el candidato bloquee una futura aspiración política en razón a su poder regional.

La cámara escondida

¿Pero cómo comprobar que ese elector efectivamente depositó en las urnas el voto por el candidato que le pagó? Uno de los mecanismos es la toma de fotos del tarjetón para verificar donde se marcó la X. En la medida en que la prohibición del uso de celulares se ha extendido, esta práctica se ha controlado, pero siempre hay nuevas “mañas” para ingresar cámaras pequeñas.

El Carrusel

“Te entrego uno marcado y me devuelves uno sin marcar”, es la lógica de este fraude. Éstos son los pasos que utilizan los corruptos:
1. El grupo encargado del fraude consigue un tarjetón en blanco a través de sus contactos en la registraduría.
2. Ese tarjetón es marcado, tachando el partido y número del candidato que compra al elector.
3. El tarjetón marcado es entregado al primer elector cuya tarea consiste en depositarlo cuando ingrese al puesto de votación, en vez del tarjetón sin marcar que le asignan en la mesa los jurados.
4. Una vez afuera, debe entregar el tarjetón en blanco al grupo del fraude para recibir el pago.
5. El grupo marcará nuevamente el tarjetón limpio con el número y partido del candidato que está cometiendo el fraude, y se lo dará al próximo elector en la fila. De esta manera se garantiza que el votante deposita en efecto el tarjetón marcado y que el carrusel de votos pueda continuar.

La marca del candidato zorro

Una modalidad de fraude en la que se ven implicados los jurados de votación consiste en que a la salida de la urna, el elector le enseña a ese jurado por quien votó. Esto por supuesto es ilegal, pues ningún jurado puede exigir que le enseñen el tarjetón después de ser marcado y antes de depositarlo a la urna. Pero cuando de corroborar votos se trata y si ya hubo corrupción de por medio, el jurado entregará junto con la cédula y el certificado electoral, algún distintivo como medallas, imágenes religiosas o incluso marcas en el certificado que indiquen que el elector efectivamente tachó el número del candidato de quien recibió la plata.

Los pobres viejecitos

Una práctica que se ha institucionalizado es la de usar a niños como acompañantes de adultos mayores o discapacitados. Como los niños pueden entrar a los puestos de votación, ellos reciben hasta $10 mil pesos por verificar que ese elector marcó en el tarjetón el candidato indicado, o incluso, llegar a marcarlo por él/ella. A veces es el mismo menor quien acompaña a una larga fila de personas. “En algunos lugares del país donde hay una alta población de enfermos mentales, se presentan elecciones atípicas con un bajo nivel de abstención y en favor a un candidato”, dice Montoya. En las elecciones pasadas todos los pacientes del manicomio de San Carlos, Antioquia, votaron.

La plantilla mágica

Otro método de fraude que usan es poner una plantilla sobre el tarjetón, que está diseñada para que queden abiertos solo los campos correspondientes al partido y al número del candidato. Esto obliga al elector a que marque sólo el espacio que queda libre, que favorece directamente a un candidato.

El voto con botas

Aunque en esta modalidad no se puede certificar por quien votó el elector, sí es una práctica que garantiza que el voto se deposite en la urna. En Chocó la MOE detectó una práctica macabra que apela a la pobreza de los votantes. El candidato ofrece un zapato antes de ir a las urnas, y promete el par compañero una vez el ciudadano salga con el certificado electoral.

Moraleja:

Tanto el que compra como el que vende el voto incurre en un delito que es sancionado de dos formas: Multas y prisión. Las multas oscilan entre 133 y 750 salarios mínimos legales vigentes (hoy día esto significa entre $73 millones y $412 millones) y la pena de cárcel puede ser fijada entre 4 y 7 años para quien compra el voto, y entre 1 y 3 años para quien lo vende. Estas penas son aún más graves si quien comete el delito es un servidor público. Por eso, simplemente, no venda su voto.
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Children recruited by armed groups in Colombia


Children in Colombia are recruited, forcibly, by insurgent and paramilitary groups to serve as combatants in the country's ongoing conflict. In fact, the average age for deserters from these armed groups has gone down, which suggests that younger children are being recruited. Some children have been required to perform forced labor by guerrillas and paramilitaries. Many are forced to participate in and are victims of human rights violations such as torture and murder. Many girl combatants are subject to sexual exploitation by other group members. Reportedly, children have been used by government armed forces as informants.

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Niños arriesgan su vida por madera en el Magdalena [VIDEO]


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Saturday, January 9, 2010

La rescatista de cadáveres


Por FRANK BAJAK
CONFLICTOEn el río Cauca, María Inés Mejía se dedico varios años a recuperar cadáveres arrojados por sicarios del narcotráfico o por alguno de los grupos ilegales. Reportaje de AP
Sábado 9 Enero 2010



MARSELLA, Colombia (AP) — En el tramo curvo del río Cauca en Marsella, un remolino empuja los residuos a la orilla.

Sobre la faja de tierra cercana al agua están diseminados palos, juncos y botellas de plástico, y los buitres picotean los brillantes y empapados despojos de un perro pequeño.

Allí también recalan cadáveres humanos.

Aunque difícilmente sea el Cauca el único río de Colombia donde son abandonados restos humanos, bien puede ser el más socorrido. Lleva los cuerpos de matones del narcotráfico, de campesinos desmembrados por escuadrones de la muerte y de inocentes asesinados por ser cercanos al rival de alguien.

Quiénes eran esas víctimas o por qué murieron, nunca le importó mucho a María Inés Mejía. Simplemente sujetaba a los cadáveres —unos cientos— y los sacaba del agua, tratándolos siempre con respeto. Lo que comenzó como un trabajo que nadie quería, desembocó en una vocación.

"Yo saqué de ahí piernas, brazos, troncos", dice Mejía, de 50 años. "O cabezas solas. Uno encuentra allí de todo: (cuerpos) enteros, pedacitos, pedazos. Unos en costales. Otros en canecas (envases). Amarrados, con la cabeza forrada en plástico".

El relato de Mejía resalta el sobrecogedor reto de Colombia en una histórica coyuntura: localizar e identificar a las víctimas de un largo conflicto interno. Con un profundo descenso en los homicidios y amainado el temor de las venganzas, miles de personas han salido a dar la cara para narrar asesinatos y desapariciones y llevar a las autoridades hasta fosas comunes.

La Fiscalía General ha recopilado una lista de 26.564 asesinatos cometidos entre mediados de la década de 1980 y mediados de esta década, mientras que miembros de grupos armados irregulares han confesado 714 homicidios.

Tal tarea de identificación coloca bajo los reflectores a personas como Mejía y otros funcionarios de menor nivel que se convirtieron en los guardianes de los muertos anónimos.

"Son héroes desconocidos", dice la antropóloga María Victoria Uribe, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, una dependencia de la Presidencia de la República.

Para Mejía, hubiera sido más seguro empujar un cadáver de vuelta a las aguas. De esa forma podría descomponerse en varias partes y los huesos asentarse en el lecho del río. A lo largo de 13 años, Mejía sacó cuerpos, hasta que graves riesgos para su vida la obligaron a parar.

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Mejía, hija de un finquero, comenzó su trabajo en 1992, cuando fue designada como funcionaria de un distrito rural que incluía la zona de la curva del río. El salario por su trabajo era de 250 dólares al mes.

Fue "duro, por una parte, porque nunca me dieron dotación" o equipos. "Las botas las compraba yo misma, los guantes también", indica Mejía.

Nunca pidió dinero, pero un hombre agradecido le transfirió una vez 100 dólares a su cuenta bancaria y una mujer de la ciudad de Cali le dio un par de overoles después de que Mejía recuperó un cadáver.

La mayor de cuatro hermanas, con estudios posteriores a la secundaria que llegaron a unos cuantos cursos secretariales, Mejía no tenía experiencia en el terreno forense. Sus registros escritos sobre los cuerpos, una suerte de autopsias preliminares, estaban plagados de errores al principio.

"A veces escribía 'orificio cometido por arma de fuego', cuando el hueco podría igual haber sido hecho por una (ave) raptora" o ave de rapiña, cuenta la mujer.

Mientras más cuerpos sacaba del río —Mejía recuerda cuatro en un solo día_, más cómoda se sentía, rodeada de los cuerpos desfigurados y descompuestos. Los montaba en su Jeep Willy para llevarlos a la morgue de Marsella, un poblado en el departamento de Risaralda y a unos 180 kilómetros al oeste de Bogotá.

Dice que sentía como si los muertos fueran de ella, como de su familia. "Dejarlo ahí (el cadáver para) que lo acaben los perros, los gallinazos (zopilote o ave de carroña )... yo no sirvo para eso".

Más de una vez, Mejía y su esposo, Ancízar López, estaban en un bote por el río Cauca —él adora pescar— cuando ella veía el miembro de un cuerpo, lo tomaba a mano limpia y lo llevaba hasta la orilla.

A la gente se le caía la mandíbula cuando veía cómo Mejía le hablaba a los cadáveres. Casi de forma rutinaria batallaba para curiosearles en la boca abierta a los cadáveres para registrar detalles o los rasgos dentales.

"(Al cadáver) yo le decía: 'Hágale pues, amiguito, hágale papi. Por Dios, ayúdeme''', afirmó.

Sacar del río los cadáveres empapados no es un trabajo para tímidos. Se descomponen rápidamente —además que apestan— en medio de las altas temperaturas de la región.

"Y usted no se imagina lo que es intentar sacar del agua un cuerpo empapado y con la piel cayéndosele. Se le puede quedar en las manos", dice Michelle D. Hamilton, un experto en descomposición del cuerpo y quien dirige el Centro Antropológico Forense en la Universidad Estatal de Texas.

Algunas veces, Mejía permitía que parientes de los muertos rescatados se quedaran en su casa porque no tenían cómo pagar ni donde dormir, y al día siguiente recogían a sus muertos.

El trabajo era extenuante.

"Uno llora", dice la mujer con un dejo en la voz, "uno llora".

"Hay cadáveres que le producen a uno más tristeza que otros. Por ejemplo, me dolió mucho cuando saqué un niño", asegura.

-Pero, ¿alguna vez tuvo pesadilla con los muertos?.

-No, sólo sueños.

-¿Los muertos le hablaban?.

-Solamente uno... Tuve un sueño con uno que saqué, que me decía que se llamaba Héctor.

¿Ese era su verdadero nombre?

-No sé y no sé si lo identificarían o no.

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Los principales ríos de Colombia han sido usados durante décadas para deshacerse de los muertos: el Cauca, el Magdalena, el Atrato y el Sinú...

"Es una forma de hacer desaparecer las evidencias", afirma la antropóloga Uribe.

"Lo que hacen es vaciar el cadáver, le sacan toda la parte interior y lo rellenan de piedras para que el cadáver no flote y se hunda. Entonces por eso no hay ningún conteo de cuerpos depositados en los ríos".

La mayoría de los cuerpos son víctimas de los paramilitares.

Los investigadores de la Fiscalía han recuperado unos 2.778 cadáveres, gran parte en fosas comunes y han identificado a unos 830.

Pero cientos de los desaparecidos —sino miles— quizá nunca sean recuperados. Después de cuatro años, muchos de los cementerios de Colombia tradicionalmente remueven los cuerpos no reclamados y sin nombre y los colocan en nichos donde los esqueletos se unen, haciendo casi imposible su identificación.

Mejía también muestra algunas fotos que les tomó a los restos. Apenas se distinguen por sexo. Algunos estaban medio sumergidos, como ella los consiguió. Otros son apenas miembros.

Esas son los recuerdos de Mejía, tomados con la cámara que ella misma se compró porque la alcaldía de Marsella no la equipó. No ha recibido compensación y a pesar de sus nueve años y medio de servicios, carece del derecho a una pensión de parte del Estado.

La diligencia de Mejía en recolectar y catalogar a los muertos colocó a Marsella, que se autodenomina como un destino de ecoturismo, como uno de los pueblos de Colombia con la mayor tasa de homicidios.

"La gente del pueblo estaba muy molesta", dice el actual alcalde de Marsella, Carlos Andrés Gómez. "Le generó una mala imagen al municipio".

Con un leve tono de exasperación, Mejía lamenta que muchos en Marsella parecen guardarle rencor porque por su devoción hacia los cadáveres del río, le causó una mala reputación al pueblo.

"Los homicidios ocurrían río arriba. No eran nuestros", dice. "Siempre he sido muy clara sobre eso. Marsella es un pueblo muy pacífico y armonioso".

Mejía no ha vuelto al río desde hace cuatro años. Aspira con fuerza un cigarrillo, luego recuerda lo que la llevó a renunciar dos veces a su puesto.

Cuando tenía 16 años, dio a luz a un niña que murió estrangulada con el cordón umbilical. En el 2001, estaba embarazada de nuevo. Eran gemelos en su cuarto mes de gestación que perdió luego de visitar, por órdenes de sus jefes, una fuente de agua contaminada por el herbicida de un agricultor.

"Había veneno por todo lado en la finca", dice, mientras las lágrimas le brotan de sus grandes ojos marrones y se le quiebra la voz: "Perdí los gemelos".

Renunció al trabajo, pero siguió sacando cuerpos del río hasta septiembre de 2005.

Un día, Mejía encontró en la puerta de su pequeña casa cerca al Cauca una nota que decía: "Inés y familia" deben salir inmediatamente de la zona. "No estamos jugando", decía la amenaza. "Muerte".

Obedecieron. Tres semanas después, alguien quemó su casa.

Mejía declinó decir quién cree que lo hizo, pero los fiscales en la zona piensan que pudieron haber sido narcotraficantes de la región.

Con una gorra de béisbol que la protege del sol del mediodía, Mejía se mantiene pensativa mientras contempla el cauce del río Cauca.

Los últimos dos cadáveres entregados en la morgue de Marsella fueron recogidos en las orillas el 10 y el 16 de noviembre.

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El corresponsal de The Associated Press Libardo Cardona en Bogotá contribuyó para este reportaje.

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