Existe un país donde los políticos corruptos perfeccionan sus trucos cada vez que se avecinan las elecciones: De promesas incumplidas, pasaron a la entrega de mercados, botas, subsidios, dinero y cuánta prebenda consideren les pueda garantizar un lugar en la corporación a la que aspiran.
Sus blancos, los electores, poco se cuestionan sobre la legalidad de sus prácticas y ya les parece normal que los alcaldes acompañen a su hermano candidato en campaña, o que en una entidad pública, se obligue a los trabajadores a votar por determinados aspirantes.
Ese país es Colombia, y en su territorio, estas prácticas están tan institucionalizadas que en las emisoras de radio no es raro escuchar comerciales que al son de un vallenato le dicen al elector: “¡Si te compran tu voto, véndelo, pero vota por otro!”
De acuerdo con una encuesta realizada por Invamer Gallup a fines del año pasado, el 7% de los colombianos aceptó haber vendido alguna vez su voto a cambio de dinero en efectivo, mercado o trabajo, lo que significa que los sobornos podrían alcanzar hasta el 12% del censo electoral. Según la encuesta, si bien al 22% de los entrevistados no se le ha comprado directamente el voto, se le ha prometido a cambio de su apoyo, trabajo, vivienda o becas.
Estos resultados son un reflejo de los cambios en las modalidades de compra de votos: Se ha pasado del pago en efectivo (que dependiendo de la región puede costar desde $20 mil hasta $200 mil), a la entrega de mercados, materiales de construcción e incluso sobornos con ayudas estatales como los subsidios de Familias en Acción y la promesa de inclusión en el sistema de identificación del Sisben.
“Lo que importa es que haya un beneficio para el elector, hecho que en cualquier circunstancia constituye un delito”, dice Nicolás Montoya, encargado del área jurídica de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Mientras estas prácticas se repiten a lo largo y ancho del país, el Consejo Nacional Electoral se ha quejado de la falta de recursos para crear suficientes tribunales de garantía que disminuyan estos riesgos, que por supuesto se acentúan durante la jornada de votación.
Ese día, por ejemplo, en las zonas geográficamente más dispersas, los candidatos disponen buses, refrigerios y bebidas, lo que sin duda busca comprometer al elector con su aspiración. Pero hay otros delitos que suceden en época electoral.
Alí Babá y sus 40 líderes
Además de las promesas individuales, ha hecho carrera la compra de líderes barriales o comunales, capaces de aportar hasta 500 votos por candidato, que disfrazan su capacidad de adherir electores a ciertas campañas como parte de su proselitismo legal. “Esa compra es muy fácil de enmascarar porque el “salario” de un líder no se refleja en la contabilidad. Si 20 líderes le están trabajando a un candidato que paga hasta 200 millones de pesos por ellos, seguro ya ha superado los topes y eso es muy difícil de detectar”, agrega Montoya.
Las autoridades han encontrado que ya no solo hay compra de líderes que garanticen votos, sino que el negocio va más allá. Ese líder se “vende” porque el candidato además le garantiza apoyo político en una futura campaña a concejo, asamblea o cargo de elección popular en el que seguramente necesitará de maquinarias. También puede suceder lo contrario: Que el líder se “regale” ante la amenaza de que el candidato bloquee una futura aspiración política en razón a su poder regional.
La cámara escondida
¿Pero cómo comprobar que ese elector efectivamente depositó en las urnas el voto por el candidato que le pagó? Uno de los mecanismos es la toma de fotos del tarjetón para verificar donde se marcó la X. En la medida en que la prohibición del uso de celulares se ha extendido, esta práctica se ha controlado, pero siempre hay nuevas “mañas” para ingresar cámaras pequeñas.
El Carrusel
“Te entrego uno marcado y me devuelves uno sin marcar”, es la lógica de este fraude. Éstos son los pasos que utilizan los corruptos:
1. El grupo encargado del fraude consigue un tarjetón en blanco a través de sus contactos en la registraduría.
2. Ese tarjetón es marcado, tachando el partido y número del candidato que compra al elector.
3. El tarjetón marcado es entregado al primer elector cuya tarea consiste en depositarlo cuando ingrese al puesto de votación, en vez del tarjetón sin marcar que le asignan en la mesa los jurados.
4. Una vez afuera, debe entregar el tarjetón en blanco al grupo del fraude para recibir el pago.
5. El grupo marcará nuevamente el tarjetón limpio con el número y partido del candidato que está cometiendo el fraude, y se lo dará al próximo elector en la fila. De esta manera se garantiza que el votante deposita en efecto el tarjetón marcado y que el carrusel de votos pueda continuar.
La marca del candidato zorro
Una modalidad de fraude en la que se ven implicados los jurados de votación consiste en que a la salida de la urna, el elector le enseña a ese jurado por quien votó. Esto por supuesto es ilegal, pues ningún jurado puede exigir que le enseñen el tarjetón después de ser marcado y antes de depositarlo a la urna. Pero cuando de corroborar votos se trata y si ya hubo corrupción de por medio, el jurado entregará junto con la cédula y el certificado electoral, algún distintivo como medallas, imágenes religiosas o incluso marcas en el certificado que indiquen que el elector efectivamente tachó el número del candidato de quien recibió la plata.
Los pobres viejecitos
Una práctica que se ha institucionalizado es la de usar a niños como acompañantes de adultos mayores o discapacitados. Como los niños pueden entrar a los puestos de votación, ellos reciben hasta $10 mil pesos por verificar que ese elector marcó en el tarjetón el candidato indicado, o incluso, llegar a marcarlo por él/ella. A veces es el mismo menor quien acompaña a una larga fila de personas. “En algunos lugares del país donde hay una alta población de enfermos mentales, se presentan elecciones atípicas con un bajo nivel de abstención y en favor a un candidato”, dice Montoya. En las elecciones pasadas todos los pacientes del manicomio de San Carlos, Antioquia, votaron.
La plantilla mágica
Otro método de fraude que usan es poner una plantilla sobre el tarjetón, que está diseñada para que queden abiertos solo los campos correspondientes al partido y al número del candidato. Esto obliga al elector a que marque sólo el espacio que queda libre, que favorece directamente a un candidato.
El voto con botas
Aunque en esta modalidad no se puede certificar por quien votó el elector, sí es una práctica que garantiza que el voto se deposite en la urna. En Chocó la MOE detectó una práctica macabra que apela a la pobreza de los votantes. El candidato ofrece un zapato antes de ir a las urnas, y promete el par compañero una vez el ciudadano salga con el certificado electoral.
Moraleja:
Tanto el que compra como el que vende el voto incurre en un delito que es sancionado de dos formas: Multas y prisión. Las multas oscilan entre 133 y 750 salarios mínimos legales vigentes (hoy día esto significa entre $73 millones y $412 millones) y la pena de cárcel puede ser fijada entre 4 y 7 años para quien compra el voto, y entre 1 y 3 años para quien lo vende. Estas penas son aún más graves si quien comete el delito es un servidor público. Por eso, simplemente, no venda su voto.
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